Los mismos son llevados a cabo con el apoyo del Club de Pesca que aporta las lanchas para el patrullaje del espejo de agua, y por tierra el recorrido de control estará a cargo de personal policial del Comando de Patrulla Rural (CPR).
Según se explicó desde la Comuna, se infraccionará y se secuestrarán los elementos de pesca a todo aquel que se encuentre realizando actividad embarcada en horario nocturno. El control se realiza de manera preventiva con recorridos de noche, los que que se extenderán durante todo el mes de abril con el objetivo de "prevenir el posible accionar furtivo".
Lo que continúa siendo furtivo, y acerca de lo cual nunca se explicó seriamente cuál era la situación real, es la toma de tierras públicas por parte de privados que estarían ligados, en su mayoría, a diversos emprendimientos inmobiliarios, tal como aseguraron extraoficialmente a Sudestada.
Se trata, según denuncian distintos organismos entre ellos la Asociación Civil para el Fomento y La Protección del Paisaje Laguna Brava, de al menos nueve hectáreas de tierras públicas pertenecientes a la provincia de Buenos Aires que, ante la falta de controles al respecto o simplemente con la complicidad de los que pudiendo tomar decisiones miran para otro lado, unos pícaros cercaron y cerraron el acceso a esa vasta cantidad (y calidad) de terrenos, prohibiendo además, y por si fuera poco, el paso al espejo de agua de la laguna.
Cuando oportunamente publicamos un informe sobre lo que allí estaba ocurriendo, se produjo cierto revuelo entre los supuestos involucrados en la toma ilegal de esas tierras. A pesar de ello, cuando se empezó a tirar del hilo del carretel para conocer la responsabilidad que permite que se produzca esta situación irregular, desde la provincia se argumentó que los controles debe llevarlos a cabo el Municipio, mientras la Comuna dice exactamente lo contrario "por tratarse de tierras provinciales". La pelota sigue pasando de mano en mano, mientras la usurpación continúa impune.
En cuanto al control de prevención de la pesca ilegal en "La Brava", coincide con los operativos llevados a cabo por la Prefectura Naval Argentina en distintos puntos fluviales del país, para prevenir y disuadir la pesca ilegal, evitando así la depredación de especies.
Se trata, según denuncian distintos organismos entre ellos la Asociación Civil para el Fomento y La Protección del Paisaje Laguna Brava, de al menos nueve hectáreas de tierras públicas pertenecientes a la provincia de Buenos Aires que, ante la falta de controles al respecto o simplemente con la complicidad de los que pudiendo tomar decisiones miran para otro lado, unos pícaros cercaron y cerraron el acceso a esa vasta cantidad (y calidad) de terrenos, prohibiendo además, y por si fuera poco, el paso al espejo de agua de la laguna.
Cuando oportunamente publicamos un informe sobre lo que allí estaba ocurriendo, se produjo cierto revuelo entre los supuestos involucrados en la toma ilegal de esas tierras. A pesar de ello, cuando se empezó a tirar del hilo del carretel para conocer la responsabilidad que permite que se produzca esta situación irregular, desde la provincia se argumentó que los controles debe llevarlos a cabo el Municipio, mientras la Comuna dice exactamente lo contrario "por tratarse de tierras provinciales". La pelota sigue pasando de mano en mano, mientras la usurpación continúa impune.
En cuanto al control de prevención de la pesca ilegal en "La Brava", coincide con los operativos llevados a cabo por la Prefectura Naval Argentina en distintos puntos fluviales del país, para prevenir y disuadir la pesca ilegal, evitando así la depredación de especies.
Marco jurídico
En el año 2018 el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires promulgaron la ley 15095, a través de la cual se declaró "Paisaje protegido de interés provincial [...] al área correspondiente a la Laguna Brava y su entorno".
Esta ley tiene como objeto conservar, preservar y desarrollar bajo criterios de sustentabilidad ambiental la integridad de los elementos y funciones que conforman dicho paisaje protegido, de todos sus componentes, sean estos naturales o los transformados socialmente.
Asimismo mediante la sanción legislativa se especificaron mediante los números de parcelas los sectores destinados a la producción de energía renovable. Finalmente la ley es bien clara al ordenar que ante la posibilidad de dar cualquier otro destino a los terrenos, que debería ser compatible con el cuidado del medio ambiente y la protección del paisaje, las autoridades competentes tendrán que realizar el correspondiente "plan de reconversión respecto de su actual destino".
