La investigación la realiza el fiscal Sergio Rodríguez, quien resolvió, mediante un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que están dentro de una «acción pública prevista en el artículo 157» del Código Penal. Las penas que podrían alcanzar a los funcionarios van desde un mes a dos años de cárcel e inhabilitación para llevar cargos como funcionario público y se aclara que es para que ellas personas que revelen «hechos, actuaciones, documentos o datos por ley deben ser secretos».
La causa ya fue sorteada y estará a cargo del Juzgado Federal y Correcional N.º 3 y el fiscal había justificado que tomó conocimiento de las posibles irregularidades por notas periodísticas. Asimismo, se específica que es por «uso de datos biométricos pro parte del Gobierno de la Ciudad provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en el marco de un convenio suscripto entre ese organismo y el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en 2019 que comandaba Marcelo D’Alessandro, quien renunció a su cargo por la filtración de una serie de chats.
Por otra parte, el delito de «violación de secretos» sanciona a todo aquel funcionario que «se introduce o penetra cualquier forma a un banco de datos personales sin autorización, pero no especifica la manera de acceso, admitiéndose cualquier vía de ingreso, explicó el fiscal.
A su vez, Rodríguez señaló que «el acceso/consultas» a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA «parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificárselos de ilegales».
Además, Rodríguez habló sobre la incorporación en CABA del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos y señaló que «salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas» y continuó «existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP».
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| Larreta junto a D'Alessandro, su exministro de Seguridad. |
En cuanto a este último punto, el fiscal aseguró que en 2020 el Concar tenía 40 mil registros de personas buscadas en el Poder Judicial, pero en los datos del Renaper se confirma que hubo 2.563.190 consultas anuales en 2019, 5.420.590 en 2020, 6.969.878 en 2021 y unas 3.367.330 en 2022.
Tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos», sostuvo Rodríguez, quien resolvió iniciar «un sumario administrativo» contra las autoridades del Renaper por la información brindada y por no velar por el cumplimento de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales y realizar la denuncia contra los funcionarios de la Ciudad.
Tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos», sostuvo Rodríguez, quien resolvió iniciar «un sumario administrativo» contra las autoridades del Renaper por la información brindada y por no velar por el cumplimento de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales y realizar la denuncia contra los funcionarios de la Ciudad.
