Además, serán juzgadas otras 32 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusados también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.
El Tribunal está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra, y también fue designada como cuarta magistrada Carolina Prado.
El debate ya tiene fijadas audiencias para el 27 y el 28 de julio, en turno matutino y vespertino. Está previsto que el juicio tenga tres audiencias semanales cada quince días.
La investigación demostró “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”.
En ese sentido, la acusación del Ministerio Público Fiscal indicó que esta asociación ilícita, liderada por Bento, tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba.
Además figuraban como miembros los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
En su requerimiento acusatorio, la Fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador.
La extorsión consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles– como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito.
Se determinó además que la impunidad del hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha establecido en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal.
Esta investigación se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa que desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en la que un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento.
