Misiones se convirtió en la primera provincia en prohibir la utilización del agrotóxico glifosato en la agroindustria -se hará de forma gradual- al sancionar el jueves pasado la Ley de Promoción de Bioinsumos, que ahora deberá ser reglamentada.
Se trata de un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales, normativa que fue celebrada por productores de la agricultura familiar mientras la Confederación Económica de Misiones (CEM) pidió "diálogo y consensuar acuerdos".
Salvador Torres, del Movimiento Agrario Misionero (MAM), que incluye a los agricultores familiares, dijo a Télam que desde su agrupación defendieron "la idea de prohibir los agrotóxicos, entre ellos, el herbicida del glifosato", aunque aseguró que otros quedaron afuera de la normativa.
"Hay muchos otros agrotóxicos que no se prohíben en la ley y que se utilizan, pero el glifosato se usa de forma masiva y sin control; está en la yerba, el pino, el té; las grandes forestales fumigan con herbicida para sacar las malezas y eso hace que no crezca nada, se usa semilla transgénica y Arauco sigue plantando pinos donde nada crece después de 12 años", apuntó Torres.
Para el activista,"es desesperante la forma en que se utilizan agrotóxicos y los efectos que tienen en la salud".
"Se hicieron estudios que indican que el glifosato produce cáncer; tenemos altos índices de labio leporino, leucemia, cáncer de sangre; en una colonia con noventa familias hubo 20 casos de adenoides, totalmente anormal, y así muchas otras patologías", detalló.
Sin embargo, remarcó que en la transición del uso de agrotóxicos a los bioinsumos es imprescindible que "el Estado asista a productores familiares para que no se generen grandes pérdidas económicas".
"Hay una empresa que está trabajando en eso y probamos sus insumos y están dando resultado, ojalá que en dos o tres años se dejen de usar agroquímicos, pero las grandes cerealeras y yerbateras son las que están en contra", dijo.
Respecto a los químicos que se utilizan en la tierra, Torres indicó que "afectan a personas y suelos, la tierra se va a deteriorando y no crece nada más en la zona pero con bioinsumos se recupera y se enriquece".
Por su parte, el ingeniero agrónomo Jesús del Valle Contreras, del colectivo Semillas Autoconvocadas, de la localidad de Montecarlo, pidió que se convoque a las organizaciones para la reglamentación de la ley.
"Es necesario generar mecanismos eficientes y efectivos para que se cumpla la ley, que haya voluntad política y cuando se hagan las denuncias de contaminación que los jueces respondan con celeridad protegiendo la vida", afirmó y reforzó la idea de la presencia estatal en la asistencia del uso de tecnologías naturales que no tienen los costos de los agrotóxicos.
Los productores agroecológicos del colectivo de Semillas vienen implementando desde hace tiempo bioinsumos, que ellos denominan biopreparados.
"Es una tecnología de autogestión organizada porque todo lo que genera dependencia no sirve, son elaborados por las mismas familias con componentes propios de su sistema productivo, nos regimos por los principios de la agroecología que son garantizar la biodiversidad del ecosistema, suelo vivo, sano, acompañar los ciclos de la vida", explicó.
Si bien aseguró que la flamante ley "no fue sentida por la comunidad" y "surgió de la instalación de la empresa Agrosustentable que hizo convenios con el Ministerio de Agricultura local", explicó que igual es importante porque "las semillas nativas y criollas están en peligro".
"Nos las roban a las comunidades para manipularlas genéticamente, después las venden bajo la propaganda de `alto rendimiento´, sólo para vender los agrotóxicos que las mismas empresas producen y además se desarrollan con tóxicos", detalló.
