Se trata del juicio que se realizó en la Legislatura de Chubut, por los hechos ocurridos en 1975, en el que los dos exfederales fueron acusados de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas.
Durante el proceso legal no se pudo fundamentar la participación de José Antonio Pereyra y Pedro Pascual Cáceres, otros dos ex policías que fueron investigados en los mismos hechos.
El juicio se desarrolló en la sede de la Cámara de Diputados de Chubut a pedido de las víctimas, quienes solicitaron que las audiencias no se realicen en el edificio del casino de oficiales del Servicio Penitenciario, donde habitualmente se desarrollan debates de diversas causas.
Los acusados pertenecían a la Delegación de la Policía Federal de la capital del Chubut a quienes se identificó como los que ejecutaban las prácticas de torturas conocidas como "submarino seco" y la aplicación de descargas eléctricas.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Giménez y Ana D'Alessio, en tanto en representación del Ministerio Público intervino el fiscal general Teodoro Nürnberg.
Los acusados fueron los expolicías José Antonio Pereyra, Pedro Pascual Cáceres, Luis Horacio Coria y Jorge Norberto Lagunas.
Llegaron a juicio imputados como coautores de la privación ilegítima de la libertad agravada, incomunicación indebida y tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de las nueve víctimas.
El expolicía Carlos Azcui, por cuyo nombre se conoce al expediente, falleció durante el proceso, y los hechos investigados ocurrieron a fines de 1975 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón en el marco del Estado de Sitio que se había declarado en noviembre del año anterior mediante decreto 1368/74.
En la elevación a juicio se consignó que Diana Pizá, Tito Mario Barone, Eduardo Pedro Manchado, Beatriz Norma Santos, Patricio Emilio Torne, Estela Aida Cereseto, Silvia Asaro, Víctor Tomaselli y Luis Eduardo Franganillo fueron sometidos a torturas e interrogatorios en la Delegación Rawson de la Policía Federal.
Diana Pizá, una de las denunciantes, reconoció en declaraciones a medios locales que el juicio fue reparador porque "le saca la sensación de impunidad que rodearon a los hechos durante estos 48 años".
El debate comenzó el 9 de octubre y los fundamentos de la resolución se darán a conocer 6 de noviembre a las 12 horas, según informó el tribunal en su página oficial.
