El organismo tendrá autarquía económica financiera y el fin de "promover la búsqueda de consensos en procura de lograr una concertación social entre los sectores políticos, económicos y gremiales del país", se indicó.
El Consejo fue creado por decreto en 2021, pero la intención del Poder Ejecutivo es institucionalizar ese organismo a través de una ley del Congreso para que tenga personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado.
En los fundamentos, el Gobierno señaló en el decreto de febrero de 2021 la obligación del Consejo de "formular y elevar al Poder Ejecutivo Nacional dentro de los 1.000 días corridos contados a partir de su dictado un anteproyecto de ley que proponga la estructura jurídica y presupuestaria definitiva del Consejo, reparando en los proyectos de ley presentados, la experiencia internacional comparada y las lecciones aprendidas durante su funcionamiento".
Recordó que "desde su creación el Consejo Económico y Social estuvo conformado por representantes de distintos sectores del quehacer económico y social (agrupaciones empresariales, organizaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico y científico), considerando criterios de pluralidad, diversidad, visión federal y equidad de géneros".
Destacó que el proyecto de ley enviado al Congreso "incorpora el trabajo colectivo de los actuales integrantes del referido Consejo y recoge las lecciones aprendidas a partir de su vigencia, entre ellas la necesidad de profundizar criterios de federalismo y equidad de géneros en la composición del Consejo, además de considerar otros aspectos para su mayor efectividad y mejor participación, obtenidos a partir del conocimiento del contexto histórico en el que se gestaron experiencias similares; de antecedentes nacionales e internacionales de organismos de similar naturaleza, así como de proyectos de ley presentados ante ese Honorable Congreso de la Nación por representantes de las diversas fuerzas políticas".
El proyecto elevado a Diputados fue firmado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.
De acuerdo a esa iniciativa, el Consejo "es el ámbito de participación y consulta de los actores de las actividades económicas y sociales de la comunidad, con la finalidad de fortalecer la convivencia democrática, promover el debate, la búsqueda de consensos y la concertación social, sobre las prioridades estratégicas para un desarrollo sustentable e inclusivo del país".
Los objetivos de esa ley serán, entre otros, asistir al Presidente o a la Presidenta de la Nación efectuando el análisis y las recomendaciones que se le requieran sobre programas de gobierno, políticas públicas y proyectos de leyes de importancia estratégica; articular espacios de diálogo y cooperación entre los diversos actores económicos y sociales de la comunidad, y la generación de consensos amplios sobre prioridades estratégicas para la promoción del desarrollo nacional.
