En la actualidad, existen 1.557 registros de propiedad automotor en el país, y se llevan a cabo alrededor de 180.000 transferencias o inscripciones mensuales, que incluyen automóviles, motocicletas y transporte pesado, así como maquinaria agrícola.
Este sector maneja un total de 2.809.049 trámites, con un promedio de 150 por mes por cada oficina, aunque hay registros con un volumen mucho mayor debido a su ubicación y jurisdicción.
El sistema registral está bajo la dependencia de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y opera dentro del Ministerio de Justicia. Las críticas apuntan no solo a la falta de eficiencia, alto costo y complejidad del sistema burocrático, sino también a que se lo señala como una entidad politizada, con asignaciones vinculadas a exfuncionarios o familiares directos o indirectos.
En el marco de su campaña electoral, LLA cuestionó la forma de nombramiento de los titulares de los registros automotores, considerándolos parte de los privilegios de la "casta política". Enfatizaron su intención de desmantelar este sistema como parte de la reorganización de los organismos públicos prometida por el nuevo gobierno.
Javier Milei, en varias ocasiones, había expresado su intención de cerrar los registros automotores y anular el impuesto de sellos, así como los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos, marcando así un cambio en la estructura y funcionamiento de este sector.
