

Eran las últimas horas del viernes 22 de agosto de 1997. Oscar Eduardo Romero, remisero y empleado de una verdulería en Balcarce, salió como tantas otras veces hacia la ruta. Le había dicho a su esposa que se dirigía a Mar del Plata. Pero su viaje terminó en un lugar distinto, a la altura del arroyo El Gallo, en la ruta 29, camino a General Belgrano. Tres días después, su automóvil fue hallado sumergido en el agua, con su cuerpo en el interior. Lo que en un principio se anotó como un accidente de tránsito, con el tiempo se transformaría en el punto de partida de una de las investigaciones más complejas y tenebrosas de la región: la que desnudó los crímenes de la llamada “banda de los seguros de la muerte”.
Casi treinta años después, aquel hecho no solo permanece en la memoria local, sino que se resignifica como el primer hilo visible de una madeja criminal que conectó localidades como Dolores, Chascomús, Necochea y Mar del Plata bajo un mismo modus operandi: asesinar para cobrar indemnizaciones de seguros de vida.
Las primeras señales
Desde el comienzo, la muerte de Romero estuvo rodeada de circunstancias extrañas. Según el relato oficial, habría perdido el control del vehículo y caído a un curso de agua. Sin embargo, no había marcas de frenado en el asfalto. El parabrisas del auto presentaba un golpe interno, como si alguien hubiera impactado contra él desde dentro del habitáculo. Además, Romero viajaba en dirección a Buenos Aires, no hacia Mar del Plata como había anunciado.Pero lo que más llamó la atención fue el modo en que se encontró el vehículo. Daniel Stédile, socio y allegado de Romero, declaró haber localizado el auto desde una avioneta, al divisar desde el aire una mancha de aceite en el agua. Sin embargo, el piloto de esa aeronave declaró luego que, por más que voló bajo y de costado, no logró ver nada inusual en la superficie. “No se veía nada”, afirmó de manera contundente.
La autopsia estableció que Romero había sufrido dos golpes en el parietal izquierdo, por encima de la oreja, y que había ingerido agua estando inconsciente. La versión del accidente comenzaba a resquebrajarse.
El vínculo con los seguros
Poco después de su muerte, se supo que a nombre de Romero se habían contratado varias pólizas de vida, una de ellas por 500.000 dólares. La beneficiaria era su esposa, María Cristina Mancebo, quien posteriormente sería vinculada sentimentalmente con Stédile e investigada en la causa. Curiosamente, tras el fallecimiento, solo se cobró una fracción de ese dinero.Estos datos encendieron una luz de alerta en la Justicia. Para entonces, Stédile ya era un nombre conocido en los tribunales de Dolores, donde se investigaba una organización dedicada a estafar aseguradoras mediante la falsificación de identidades y la apertura de cuentas bancarias con documentos ajenos. Pero con el caso Romero, la pesquisa dio un giro: ya no se trataba solo de estafas, sino de homicidios planeados para cobrar indemnizaciones.
Un año después, en octubre de 1998, ocurrió en Chascomús el crimen de Antonio Florentino Sosa, un supuesto pescador -quien según las crónicas de entonces fue hallado con ropa de calle, zapatos y sin ningún elemento de pesca- que fue ahogado en la laguna local por miembros de la misma banda. Su muerte, disfrazada de accidente, terminó por destapar toda la operatoria. Sin embargo, muchos investigadores coinciden en que el caso Romero fue el primero que permitió trazar una línea directa entre Balcarce y el núcleo de la organización.
Durante el juicio oral celebrado en Dolores en 2003, Daniel Stédile, el abogado Osvaldo Mairal, Héctor Noble y Fernando Gugliermetti fueron condenados a prisión perpetua por homicidio, asociación ilícita y estafas reiteradas, en los casos de Sosa y del prestamista Alberto Abulafia, asesinado a balazos en Escobar en 1999. Pero en las audiencias también se escucharon testimonios que vincularon a la banda con otras muertes, incluida la de Romero.
Uno de los testigos declaró incluso haber recibido una advertencia: “Me dijeron que el próximo seguro de vida que iban a cobrar seguramente sería el mío”.
Para muchos vecinos de Balcarce, esa reapertura judicial fue un gesto de esperanza, pero también un recordatorio de lo intrincado que resultaba seguir el rastro de una organización que operaba con precisión, sin dejar huellas evidentes, y que contaba con la complicidad de profesionales que facilitaban el papeleo fraudulento.
Durante el juicio oral celebrado en Dolores en 2003, Daniel Stédile, el abogado Osvaldo Mairal, Héctor Noble y Fernando Gugliermetti fueron condenados a prisión perpetua por homicidio, asociación ilícita y estafas reiteradas, en los casos de Sosa y del prestamista Alberto Abulafia, asesinado a balazos en Escobar en 1999. Pero en las audiencias también se escucharon testimonios que vincularon a la banda con otras muertes, incluida la de Romero.
Uno de los testigos declaró incluso haber recibido una advertencia: “Me dijeron que el próximo seguro de vida que iban a cobrar seguramente sería el mío”.
La causa que no se cerró
A pesar de las condenas, la investigación por la muerte de Romero siguió su propio camino. En 2009, la Cámara de Dolores ordenó reabrir la causa, criticando la falta de diligencias y señalando que la pesquisa no estaba agotada. Los camaristas recordaron que las medidas solicitadas por la fiscalía no se habían cumplimentado, y que el sobreseimiento dictado años antes era prematuro.Para muchos vecinos de Balcarce, esa reapertura judicial fue un gesto de esperanza, pero también un recordatorio de lo intrincado que resultaba seguir el rastro de una organización que operaba con precisión, sin dejar huellas evidentes, y que contaba con la complicidad de profesionales que facilitaban el papeleo fraudulento.
Tres décadas después
Hoy, casi tres décadas más tarde, los condenados ya no están en prisión. Algunos fallecieron, otros se beneficiaron con la "Ley del 2x1" que facilitó la reducción de su tiempo de encierro. Pero el caso de Oscar Romero sigue vivo en el recuerdo de muchos balcarceños, no solo como un homicidio sin plena justicia, sino como el punto de partida de una trama que mostró el lado más oscuro de la ambición.La banda de los seguros no solo mataba: creaba identidades falsas, abría cuentas bancarias, simulaba accidentes y se infiltraba en la vida de personas comunes, muchas de ellas de recursos limitados, para convertirlas en piezas de un plan macabro. En Balcarce, la figura de Romero simboliza a esas víctimas que, sin saberlo, fueron puestas en la mira de un sistema perverso.
A treinta años de aquella noche en la ruta 29, su historia sigue generando interrogantes sobre los límites del delito, los tiempos de la justicia y la memoria de una comunidad que cada tanto rememora lo conmocionante que fue el caso, recordando con cierta nostalgia las amplios informes del ya desaparecido diario "El Liberal".
La banda de los seguros ya no opera, pero su legado de desconfianza y dolor permanece, como un recordatorio de que algunas heridas, aunque viejas, nunca terminan de cicatrizar.
Con información del archivo de El Liberal y Clarín.
