El informe subraya que, tras conocer la presencia de un "tirador activo", los agentes debieron haber actuado de inmediato, irrumpiendo en la clase donde se encontraba la amenaza. Sin embargo, optaron por tratar la situación como un "sospechoso atrincherado". El presidente Biden reconoció deficiencias en la establecimiento de directrices claras y la organización de las estructuras policiales, abogando por un enfoque adecuado a la etiqueta de "tirador activo".
El texto revela una "cascada de fallos de mando, toma de decisiones, táctica, política y entrenamiento", destacando la falta de un plan detallado por parte del distrito escolar. El despliegue de unos 400 efectivos involucró una cadena de mando deficiente, afectando la atención médica a los heridos y proporcionando información incorrecta a las familias sobre la situación de sus seres queridos.
El presidente Biden instó al Congreso a tomar medidas para abordar la "epidemia de violencia armada" y abogó por cambios de políticas en respuesta a las lecciones aprendidas. El informe también cuestiona la demora en la intervención de una unidad especializada y la falta de formación adecuada para notificar las muertes a las familias afectadas.
Este análisis, solicitado por las autoridades de Uvalde, se basa en más de 13,000 elementos de prueba recopilados durante la investigación federal iniciada el año pasado. Las familias, que buscaban respuestas sobre lo ocurrido, habían solicitado una revisión exhaustiva.
El trágico suceso destaca la necesidad de cambios en las políticas de control de armas en un país donde los tiroteos escolares son lamentablemente frecuentes. A pesar de la aprobación de leyes más estrictas en junio de 2022, el desafío persiste, ya que las regulaciones para la compra de armas siguen siendo laxas en varios estados.
