(NA) - La polémica en torno a la custodia oficial del ex presidente Mauricio Macri y el costo asociado a este servicio durante sus frecuentes viajes al extranjero ha sido un tema candente tanto en los últimos días de la administración de Alberto Fernández como en la actualidad bajo el gobierno de Javier Milei, quien se niega a proporcionar transparencia al respecto.
El conflicto político se desató con un decreto del ex mandatario peronista que trasladaba esta responsabilidad a la Casa Militar, especialmente ante la confirmación de la estadía de Macri en España durante varios meses, una medida que fue objeto de críticas por parte de la entonces oposición.
El ex ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se pronunció al respecto declarando: "No me lo digan a mí, que el que firmaba las licencias a los custodios de Mauricio Macri era yo. Tuve que firmarle, con el estómago un poquito revuelto, los viajes a Macri a la FIFA o a Qatar, pero es lo que dice la ley y yo puse el ganchito".
Cuatro días después de concluir su mandato, Alberto Fernández también abordó el tema en redes sociales, respaldando lo expresado por Aníbal Fernández y destacando: "Precisamente por esas normas es que el ex presidente Mauricio Macri contó en muchas ocasiones con el servicio de custodia (a mi juicio con razón) viajando a los más variados lugares del mundo, algo que podría entenderse si se tienen en cuenta las funciones que asumió en la FIFA".
En este contexto, instó a la investigación periodística seria para solicitar la información que aclare los gastos relacionados con este asunto. Sin embargo, a pesar de tratarse de un servicio financiado con fondos públicos, el Gobierno de La Libertad Avanza se ha negado a proporcionar detalles al respecto.
La agencia Noticias Argentinas presentó un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad para conocer la cantidad de viajes al extranjero realizados por los custodios designados para asegurar la protección de Macri durante sus salidas del país, así como el costo asociado a este servicio, incluyendo el valor de los pasajes, las estadías en otros países y los viáticos percibidos por los agentes.
Es importante destacar que este requerimiento no incluyó información sensible como los nombres de los agentes o cualquier otro dato que pudiera comprometer su seguridad, sino que se limitó a obtener detalles sobre los fondos públicos destinados a la custodia del ex mandatario durante sus viajes internacionales.
Desde su salida de la Casa Rosada, Macri ha mantenido una intensa agenda internacional que incluye conferencias en universidades de Estados Unidos y España sobre liderazgo, su participación en el Mundial de Qatar 2022, viajes a Zurich y otros destinos en su rol como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.
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| La custodia de Macri es financiada con fondos públicos. |
A pesar de la relevancia de esta información para la rendición de cuentas y la transparencia, el Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, se ha negado a proporcionar estos datos, argumentando que revelarlos podría poner en peligro la vida o la seguridad del líder del PRO.
En su respuesta al pedido de acceso a la información, el Ministerio de Seguridad recordó la existencia de resoluciones y protocolos que establecen la confidencialidad y el secreto profesional de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad afectados a la protección de estado y custodia, justificando así la negativa a divulgar la información solicitada.
De esta manera, el Gobierno ha argumentado que la publicación de estos datos podría comprometer la efectividad y la seguridad de las operaciones de las fuerzas de seguridad encargadas de este servicio, por lo que ha optado por mantener en reserva la información solicitada.
En su respuesta al pedido de acceso a la información, el Ministerio de Seguridad recordó la existencia de resoluciones y protocolos que establecen la confidencialidad y el secreto profesional de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad afectados a la protección de estado y custodia, justificando así la negativa a divulgar la información solicitada.
De esta manera, el Gobierno ha argumentado que la publicación de estos datos podría comprometer la efectividad y la seguridad de las operaciones de las fuerzas de seguridad encargadas de este servicio, por lo que ha optado por mantener en reserva la información solicitada.
