
La jornada del jueves en la Cámara de Diputados estuvo marcada por una audiencia pública convocada por legisladores de los bloques Unión por la Patria, Frente de Izquierda – Unidad y el Partido Socialista, centrada en los crecientes despidos que han sacudido diversos sectores laborales en Argentina. Trabajadores de instituciones emblemáticas como el INTI, el Hospital Posadas, la Agencia Nacional de Discapacidad, Sitios de Memoria, el INCAA, Aerolíneas Argentinas, FATE y otras empresas privadas expusieron sus duras realidades laborales ante los diputados.
En el Hospital Posadas, médicos denunciaron despidos que consideran discriminatorios, subrayando el impacto directo sobre la salud y los sectores más vulnerables de la sociedad. En particular, se mencionó el apoyo a los residentes en su jornada de paro por aumentos salariales.
Desde la empresa GPS, proveedora en el ámbito aeronáutico, se informó sobre la pérdida de 150 empleos y se alertó sobre la desregulación que amenaza a Aerolíneas Argentinas, un pilar en la industria nacional. Ayelén Córdoba de GPS Ezeiza expresó la determinación de luchar contra las políticas gubernamentales, calificando al gobierno de Javier Milei como insensible, especialmente por despedir a trabajadores con hijos discapacitados.
Agustina Panizza, de ATE Capital, destacó la gravedad de la situación, advirtiendo que los 47 millones de argentinos sufrirán las consecuencias de estos despidos debido a la falta de garantías laborales por parte del Estado. Criticó severamente al gobierno por su actitud ante los derechos constitucionales y los compromisos en materia de derechos humanos y económicos.
Carlos Ortega de ANSES reveló que 1300 empleados fueron despedidos, lo que representa un grave retroceso en términos de inclusión social, comparando la situación actual con la era del menemismo. Según él, el gobierno parece dirigirse hacia una estrategia similar de desmantelamiento de políticas públicas y sociales.
El panorama se agravó con la denuncia de nuevos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, afectando a 82 empleados, quienes desempeñan roles críticos en la atención a víctimas de violencia institucional y discapacidad, así como en la preservación del patrimonio histórico.
Alfonso de Villalobos de Sipreba expuso la crisis en los medios de comunicación, señalando la pérdida de 360 puestos en Télam y criticando las medidas gubernamentales que limitan la independencia de la prensa mediante resoluciones sobre publicidad oficial.
Ante este escenario crítico, los diputados del FIT reiteraron la necesidad urgente de aprobar su proyecto de ley de emergencia ocupacional, que busca prohibir despidos sin causa justa y garantizar la reincorporación de los trabajadores despedidos desde el inicio de 2024. La propuesta busca proteger a los trabajadores tanto del sector público como privado en un período de 24 meses.
La audiencia pública no solo evidenció la magnitud del problema de los despidos en Argentina, sino también la creciente movilización y resistencia de los trabajadores y sindicatos ante las políticas laborales del gobierno actual, que muchos consideran adversas a los derechos laborales y sociales básicos.