
El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, está dando pasos firmes hacia una reforma en la composición de la Corte Suprema de Justicia. Este proyecto se enmarca dentro de una serie de medidas que el oficialismo ha definido como prioritarias para su agenda política, luego del reciente logro del Pacto de Mayo.
De acuerdo con fuentes oficiales, la propuesta del gobierno es aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de cinco a nueve jueces antes de que finalice el año 2024. Esta medida forma parte de un plan más amplio destinado a mejorar el funcionamiento del sistema judicial argentino.
El proyecto busca modificar la estructura actual del máximo tribunal, aunque se ha descartado la idea de dividir la Corte en salas temáticas, una propuesta que había sido considerada en meses anteriores. Esta propuesta, que contemplaba subdividir a la Corte para que cada sala se encargara de casos específicos, fue finalmente desestimada debido a la oposición de uno de los principales asesores del presidente Milei.
La administración de Milei argumenta que la ampliación de la Corte Suprema permitirá una composición “más federal” del tribunal, un objetivo que también ha sido promovido por gobernadores de diversas provincias en años recientes. La intención es responder a una demanda histórica de mayor representación federal en el sistema judicial argentino.
Además de avanzar en el federalismo, un miembro destacado del equipo de Milei ha señalado que incrementar el número de jueces también proporcionará mayor flexibilidad al gobierno en un ámbito que actualmente enfrenta tensiones con los miembros de la Corte Suprema. Esta situación se evidenció el pasado martes cuando los cuatro jueces de la Corte no asistieron a la firma del Pacto de Mayo, un acuerdo político importante para la administración actual.
El proyecto de ampliación de la Corte Suprema será presentado en el Congreso a mediados de agosto, con el objetivo de comenzar su tratamiento legislativo en cuanto se hayan aprobado los pliegos de los candidatos Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar los cargos vacantes. La aprobación de estos pliegos y la propuesta de ampliación se llevará a cabo en un contexto de negociaciones intensas con la oposición, incluido el bloque de Unión por la Patria.
Los encargados de las negociaciones en el Congreso son el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe, José “Cochi” Rolandi; y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Este equipo está trabajando en estrecha colaboración con Santiago Caputo, un asesor clave en el proceso legislativo.
Desde el oficialismo se espera que el proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema sea aprobado por el Congreso para mediados de septiembre. Para lograr este objetivo, se necesita asegurar al menos 48 votos en el Senado, un número que aún parece lejano a pesar del éxito reciente en la aprobación de la Ley Bases.
El gobierno está iniciando conversaciones con figuras clave del ex Frente de Todos en el Congreso, aunque no se ha establecido un canal de diálogo directo con Cristina Fernández de Kirchner, según confirmaron fuentes dentro de la administración.
La ampliación de la Corte Suprema no es una iniciativa inédita en la política argentina. El intento más reciente de modificar su composición se produjo durante la presidencia de Alberto Fernández en 2022, cuando se propuso expandir la Corte a 15 miembros con paridad de género. Este proyecto recibió media sanción en el Senado, pero no avanzó en la Cámara de Diputados, lo que dejó el tema en suspenso.
El actual gobierno busca evitar una repetición de esta situación mediante una estrategia de coordinación entre senadores y diputados, basada en el modelo de trabajo utilizado durante la aprobación de la Ley Bases.
Además de la ampliación de la Corte Suprema, el Gobierno Nacional está promoviendo una política de cielos abiertos y estableciendo acuerdos bilaterales con varios países para fomentar la apertura del mercado aéreo argentino. Estas medidas forman parte de una agenda más amplia de reformas destinada a modernizar y expandir el alcance de las políticas públicas en diferentes sectores.