La Fundación Alameda, bajo la dirección de Gustavo Vera, presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de Goya, en la provincia de Corrientes, relacionada con el caso de la desaparición de Loan Daniel Peña. En la denuncia se plantea la sospecha de una posible trama de encubrimiento vinculada a una red de trata de personas en la región, que habría involucrado vínculos empresariales, políticos, policiales y judiciales durante varios años.
Según los detalles aportados, José Fernández Codazzi, abogado de Bernardino Benítez (tío de Loan y la última persona vista con él), fue mencionado como pieza clave en la estrategia para influir en el testimonio de Laudelina Peña, esposa de Benítez, con el propósito de presentar una versión que sugiere un accidente vehicular como causa de la desaparición del niño. Se alega que Codazzi habría ofrecido beneficios materiales a Laudelina y su hija para asegurar la aceptación de esta versión, bajo amenazas de consecuencias legales severas en caso de rechazo.
La denuncia también señala la participación del senador provincial Diego Pellegrini en el traslado de Laudelina y su hija para rendir este testimonio fabricado ante las autoridades provinciales, poco antes de que Laudelina fuera citada por la justicia federal. Pellegrini, descrito como cercano al gobernador Valdés, habría facilitado el acceso a ciertos lugares y figuras dentro del sistema judicial provincial.
Además, se menciona la conexión de Codazzi con personas influyentes en el ámbito político y policial provincial, incluyendo a la esposa de un alto funcionario del Ministerio de Seguridad Provincial y a una concejal por Encuentro por Corrientes (ECO), el partido liderado por el gobernador Valdés.
Gustavo Vera insta a que se investigue esta presunta trama de encubrimiento, argumentando que involucra a figuras de alto rango dentro del gobierno provincial y buscando desviar la atención de las autoridades federales sobre el presunto delito de trata de personas en favor de una versión alternativa impulsada por intereses locales.
La denuncia concluye solicitando una investigación exhaustiva que abarque no solo el papel de Codazzi y Pellegrini, sino también de las autoridades superiores del gobierno provincial, acusadas de facilitar esta maniobra para obstaculizar la intervención del fuero federal y distorsionar el curso de la investigación.
