
Este jueves 25 de julio, justo antes de la marcha número 2415 de las Madres de Plaza de Mayo, el gobierno de Javier Milei anunció la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo mediante una resolución emitida por la ministra Sandra Pettovello. Esta medida ha sido ampliamente criticada por ser considerada una provocación, especialmente al coincidir con el día de la histórica movilización de las Madres alrededor de la Pirámide de Mayo.
La resolución, que según los críticos es ilegal, ha despertado debates sobre la autonomía universitaria, un principio que ha regido en Argentina desde 1918. La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que formalmente se estableció el año pasado tras su transformación desde el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, ha realizado dos Asambleas Universitarias significativas. La primera tuvo lugar el 6 de diciembre de 2023, apenas días antes de la asunción del gobierno de Milei, y la segunda el 5 de marzo de este año, donde Cristina Caamaño fue elegida como rectora de manera unánime, cumpliendo con el mandato expresado previamente por Hebe de Bonafini.
El gobierno intenta imponer la figura de "rector organizador", lo cual ha generado rechazo dado que la universidad ya cuenta con sus representantes elegidos por los claustros docentes, no docentes, alumnos y estudiantes, quienes ejercen el cogobierno universitario.
La Universidad ha enfrentado diversos desafíos desde su creación, incluyendo conflictos políticos internos que han puesto en riesgo su autonomía. Las Madres denunciaron intentos de manipulación y traición al proyecto educativo, lo que movilizó a la comunidad universitaria a convocar nuevas asambleas soberanas para garantizar su autonomía y continuidad.
Desde el inicio del año, la universidad ha experimentado dificultades financieras severas, ya que el gobierno ha retrasado el envío de los fondos necesarios para su funcionamiento, afectando el pago de salarios a docentes y personal administrativo. Ante esta situación, la universidad ha recurrido a la movilización y a acciones legales, aunque enfrenta obstáculos como la recusación de jueces y decisiones judiciales adversas, como la del juez Pablo Cayssials el pasado viernes 19 de julio.
La intervención ha desatado muestras significativas de solidaridad hacia la Universidad de las Madres, augurando un futuro de resistencia y posibles triunfos en la defensa de su autonomía y proyectos educativos. Más allá de los desafíos actuales, muchos ven en esta situación una oportunidad para fortalecer el compromiso con los ideales de justicia social y derechos humanos que las Madres de Plaza de Mayo han defendido durante décadas.
Este conflicto refleja no solo una disputa sobre la autonomía universitaria, sino también sobre el papel de la educación y la memoria histórica en la sociedad argentina contemporánea.