Diputados de la oposición, organismos de derechos humanos y abogados especializados en causas de lesa humanidad han expresado un contundente rechazo hacia las recientes acciones del gobierno de Javier Milei en materia de derechos humanos. Durante un encuentro que contó con la presencia de representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y el CELS, se cuestionaron varias medidas, incluyendo la visita de diputados de La Libertad Avanza a ex represores en el penal de Ezeiza y el asesinato de Susana Beatriz Montoya, madre de un miembro de H.I.J.O.S., en Córdoba.
El diputado Hugo Yasky de Unión por la Patria destacó la preocupación por un proyecto gubernamental que permitiría la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas, señalando que esto podría afectar gravemente los avances en materia de derechos humanos conseguidos durante los últimos 40 años de democracia. Además, subrayó la disolución de organismos clave para acelerar juicios pendientes y la identificación de hijos y nietos desaparecidos.
Por su parte, Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresó: "No podemos permitir que este gobierno inhumano siga avanzando y destruyendo todo lo que hemos logrado en derechos humanos hasta la fecha".
Estas críticas se producen en el contexto de una sesión próxima en la Cámara baja, donde se debatirá un proyecto oficialista sobre seguridad que incluye modificaciones a las leyes relacionadas con datos genéticos y armas de fuego. A pesar de la controversia generada por la visita a exmilitares en Ezeiza, los diputados de Unión por la Patria han solicitado la conformación de una comisión para evaluar las acciones de los legisladores involucrados.
El proyecto gubernamental mencionado busca una vía intermedia entre la declaración de estado de sitio y la actuación extrema, permitiendo a las Fuerzas Armadas intervenir en situaciones terroristas que amenacen la seguridad pública. Esta intervención podría incluir patrullajes, control de personas y vehículos, vigilancia de instalaciones y detenciones en flagrancia, según lo establecido en el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Defensa.
