Concluyendo la décimo segunda sesión ordinaria anual, este jueves por la noche el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Balcarce declaró su enérgico repudio a la visita que diputados y diputadas de La Libertad Avanza realizaron el pasado 17 de julio de 2024, en el pabellón denominado SAD (Sector de Alojamiento Diferencial) del complejo Penitenciario de Ezeiza, a personas condenadas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, cumpliendo sentencias por haber sido penalmente responsables de desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones, torturas y apropiaciones de bebés, entre otros.
A instancias de un pedido particular realizado días pasados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de esta ciudad, el legislativo local aprobó por unanimidad la resolución.
Más allá de algunos cruces habituales respecto de la postura de los diferentes espacios frente a temas relacionados a los Derechos Humanos, los distintos bloques coincidieron de manera uniforme en reprobar la actitud de estos legisladores, la que fue documentada con una fotografía grupal posada, situación que fue vista desde varios sectores no solo como impropia, sino además como una provocación.
Oportunamente este hecho abrió las aguas dentro del oficialismo, donde estaban quienes trataban de minimizar el tema y los que realmente se mostraron incómodos. En este sentido, el concejal de La Libertad Avanza, Ángel Enrique Guillén, expresó que “más allá de que sean diputados del espacio que conformo (LLA), me parece una absoluta estupidez lo que hicieron estas personas y es inaceptable, no estoy para nada de acuerdo con lo que hicieron”. Asimismo pidió que no se involucre a todo el espacio político oficialista, ya que consideró que se trató de una acción de un grupo que tomó esa decisión inconsulta y sin representar al partido.
Graciela Pilone (Frente de Todos) realizó una extensa narración sobre los delitos cometidos por los reclusos visitados por los diputados de LLA, afirmando que no se trata de “unos pobres viejitos que están privados de su libertad”, tal como se intentó justificar inicialmente la imprudencia de los legisladores, sino que se trata de responsables de “aberrantes delitos cometidos contra miles de compatriotas” durante la última dictadura cívico militar.
Javier Murias (Juntos), argumentó el acompañamiento a la resolución expresando que nadie pone en discusión el derecho que tiene cualquier detenido a recibir visitas, derecho adquirido y contemplado en la Constitución Nacional. “El punto es que cuando la visita se hace en grupo, de una serie e personas que son funcionarios públicos, y que militan en la misma fuerza, se transforma en un hecho político”, indicó. Murias agregó que él pertenece a una fuerza política que desde el año 1983 inició una lucha que se convirtió en una política de Estado durante los últimos 40 años. “Durante estos 40 años todas las fuerzas que detentaron el Gobierno de este país han hecho del castigo a los crímenes cometidos durante la dictadura una política de Estado, es uno de los pocos temas en los que todos hemos estado de acuerdo durante estas cuatro décadas”, concluyó.
La resolución fue aprobada de forma unánime por 18 votos de concejales de todas las bancadas. Además se convino enviar una copia de esta declaración de repudio a los demás Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
