El gobierno nacional ha derogado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 805/21, que extendía hasta noviembre de 2025 la emergencia territorial indígena, una medida que ponía freno a los desalojos en tierras registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. A través de la publicación en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei argumentó que esta prórroga había generado "inseguridad jurídica" y "grave afectación al derecho de propiedad" de los propietarios legítimos, además de señalar un "uso abusivo" del reconocimiento otorgado por la ley.
El gobierno sostiene que, en muchos casos, las comunidades indígenas han abusado del reconocimiento de su derecho territorial, fragmentándose en unidades más pequeñas y dificultando el objetivo original de la emergencia. Además, se mencionó que el incremento en el número de comunidades registradas ha sido "subjetivo y discrecional", lo que ha contribuido a una mayor conflictividad en las zonas afectadas.
El comunicado también hace referencia a las "tomas y usurpaciones" de tierras, especialmente en el sur del país, señalando que estas acciones, en muchos casos acompañadas de violencia, han provocado daños medioambientales, incluidos incendios intencionales en plantaciones forestales y bosques naturales. Según el gobierno, estas actividades han bloqueado el desarrollo de inversiones y obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de servicios públicos. En este contexto, se mencionó que la situación incluso ha vulnerado el derecho a la tierra de otras familias pertenecientes a los mismos pueblos originarios.
El gobierno argumentó que la prolongación de la emergencia territorial habría consolidado "la discriminación entre ciudadanos argentinos", además de causar un daño "al sistema republicano de gobierno". Según la administración de Milei, esta medida había generado una serie de "acciones que avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado".
Con la derogación del DNU, el nuevo Decreto 1083/2024 establece la finalización de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, poniendo fin a la suspensión dispuesta por la Ley 26.160. La medida, que entró en vigencia con la publicación del decreto, marca un giro en la política territorial del gobierno en relación con las comunidades originarias.
