El Sindicato del Personal del Instituto de Tecnología Agropecuaria (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentaron una acción de amparo para frenar la implementación del decreto 462/2025, que reorganiza el INTA y otros organismos agropecuarios. La medida judicial busca declarar la inconstitucionalidad de los artículos 59 a 69 del decreto, que según los denunciantes buscan "vaciar" la institución.
Los argumentos de la demanda
El amparo, presentado ante la Justicia Nacional del Trabajo, sostiene que el decreto:- 1. Viola la Ley 27.742 que prohíbe expresamente la disolución del INTA
- 2. Desconoce los fundamentos de su creación mediante el Decreto Ley 21.680/56
- 3. Afecta la estabilidad laboral garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución
- 4. Elimina la conducción colegiada que incluía a universidades y entidades rurales
Preocupaciones concretas
Los trabajadores denuncian que la medida:- Permitiría la venta de 40.000 hectáreas del INTA
- Transferiría patentes tecnológicas y recursos financieros al Ministerio de Economía
- Generaría despidos masivos de personal calificado
- Convertiría al INTA en una mera oficina gubernamental, perdiendo su autonomía
Crítica al mecanismo utilizado
Las organizaciones gremiales cuestionan el uso de la emergencia económica declarada en la Ley Bases como justificación para estas reformas, comparándola con "un estado de sitio" aplicado sin existir una "conmoción anormal e imprevista".Próximos pasos
La presentación judicial marca el inicio formal de la resistencia organizada contra la reforma, que según los trabajadores significaría el desmantelamiento de una institución clave para el desarrollo agropecuario argentino. El caso quedó radicado en el fuero laboral por considerar que los trabajadores científicos y extensionistas son los principales afectados.Mientras tanto, desde el gobierno nacional sostienen que las medidas buscan optimizar el funcionamiento del organismo, aunque no se han pronunciado oficialmente sobre la demanda presentada.
