En tanto, la jueza rechazó excarcelar a la concejala de Quilmes, Eva Mieri, acusada de integrar el grupo que tiró estiércol en la casa del diputado libertario.
El Juzgado Federal N°1 de San Isidro ordenó este sábado la excarcelación de tres de las cuatro personas detenidas por el escrache en la casa del diputado nacional libertario José Luis Espert: Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes.
No obstante, la jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó excarecelar a la concejala de Quilmes Eva Mieri, acusada de integrar el grupo que tiró estiércol en la puerta de la casa del diputado libertario, y además ordenó su traslado a una unidad penal que sdría la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.
La causa judicial se abrió a raíz de una protesta y escrache realizado frente a la casa de Espert en San Isidro, en la zona norte del conurbano bonaerense, y las detenciones y prisión preventiva fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y referentes políticos, quienes interpretaron que detrás de la causa existe un intento de criminalizar la protesta política y judicializar la disputa partidaria.
Exigencia de libertad y denuncia ante el Consejo de la Magistratura
De hecho, en las últimas horas el Partido Justicialista (PJ) exigió la “libertad a los militantes políticos detenidos ilegalmente por la jueza Sandra Arroyo Salgado”, haciendo alusión al “Terrorismo de Estado de baja intensidad, impulsado por el gobierno de Javier Milei y el poder económico”.
Enmarcaron el pedido en el caso que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como detenida en su domicilio, señalando que la expresidenta “atraviesa una prisión injusta que es el caso más grave y resonante de esta persecución que denunciamos”.
Tras señalar que “todos los argentinos y argentinas que no acepten ese disciplinamiento de violencia y humillación, hoy viven bajo libertad condicional”, desde el PJ denuncian que la lógica represiva se lleva “hasta el ridículo de terminar con militantes políticas detenidas en una cárcel de máxima seguridad por una contravención municipal”.
“Exigimos, ante todo, la liberación de los militantes políticos ilegalmente privados de su libertad y se investiguen penalmente los abusos e irregularidades cometidos por la jueza Arroyo Salgado”, apoyando “la denuncia radicada en el Consejo de la Magistratura de la Nación por los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley” contra la jueza federal por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
Acusan a Arroyo Salgado de ordenar la “detención arbitraria e incomunicación” de varias personas, algunas de las cuales continuaban privadas de libertad, en el marco de una causa iniciada tras la colocación de un pasacalle y bolsas con excremento frente a la casa del diputado nacional José Luis Espert.
Los hechos, según la denuncia presentada, "no pueden configurar más que una infracción municipal", pero la jueza habría desplegado procedimientos que incluyeron "diferentes allanamientos, detenciones e incomunicación" sin una imputación clara.
Entre las detenidas se encontraba Alesia Abaigar, trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza pese a padecer una “enfermedad autoinmune severa” y luego benefiada con prisión dommiciliari, lo que motivó presentaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del CELS como “amicus curiae”, según consta en la denuncia.
“La jueza fue informada por los abogados de Abaigar que padece una enfermedad autoinmune severa, que afecta su capacidad pulmonar, pero la situación no fue atendida por la magistrada”, afirmaban Recalde y Siley en el escrito.
Fuente: Minuto Uno
