Con gran incertidumbre, empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se fueron enterando en las últimas horas del alcance de las más de 300 desvinculaciones en las que quiso avanzar el gobierno nacional, con Javier Milei a la cabeza, a lo largo del país. Hasta el momento, se trató solo de un intento, ya que la justicia determinó que la medida debe retrotraerse bajo penalidad de pagar una multa de 10 millones de pesos por día en caso de incumplimiento. Ayer, empleados del organismo que recibieron la notificación de pase a disponibilidad explicaron los alcances de esta medida inconsulta que se intentó implementar con celeridad.
“Atento a lo acontecido en los últimos días en el INTA —una reacción torpe y autoritaria de un gobierno que desconoce lo resuelto por los poderes legislativo y judicial— les escribo para contarles que entre los 'ñoquis' que se incluyeron en la nómina de los 300 despidos de nuestra institución está el equipo completo de comunicación”, comentó en un grupo de WhatsApp de periodistas del agro un empleado del área de comunicación del organismo, quien también figuró entre los afectados.
Agregó en detalle el alcance de la medida que se intentó aplicar: “Diseñadores, productores, redactores que, además, llevan adelante la comunicación interna del Instituto y sus redes sociales; que editan RIA, la revista científica del INTA que tras muchos años de constancia ingresó en el selecto grupo de publicaciones argentinas con presencia en Scopus, el principal repositorio internacional para papers de ciencia; que gestionan Ediciones INTA, una de las principales editoriales de libros del agro en Argentina, y que hacen Pampero TV, el noticiero de agro de la TVP; entre otras cosas”.
El trabajador señaló que, para mayor desagrado de quienes se enteraron sorpresivamente de los desplazamientos, la nueva responsable de comunicación del organismo no asistió a su lugar de trabajo ni ofreció ningún comentario. “Sencillamente huyó de su lugar de trabajo”, agregó.
Cabe destacar que el grueso de los más de 300 despidos o pases a disponibilidad se concentró en la zona de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En varios grupos, los profesionales afectados relataron que muchos de quienes recibieron la noticia de su desvinculación tenían más de 20 años como planta permanente en el INTA.
Con la medida de no innovar dictaminada el martes por la Justicia, desde los trabajadores del INTA se transmitió que esperan próximas comunicaciones la semana próxima, particularmente con la reunión del consejo directivo del INTA, que volvería a sesionar para tratar los cambios que se quisieron aplicar sobre el funcionamiento del organismo técnico.
“No hay nada de información oficial y después ni siquiera trascendidos. Se está a la espera de esta nueva reunión de las autoridades que volverán a sus cargos, porque incluso al propio director nacional del INTA, Ariel Pereda, había sido removido de su cargo y pasado a disponibilidad”, comentó un empleado del organismo.
Nuevo fallo de la Justicia
El miércoles pasado, la Justicia Federal había dictado una cautelar para dejar sin efecto el decreto 462/25 y frenar los pases a disponibilidad en el INTA.“Pese a la votación del Senado que volteó definitivamente el DNU, el Gobierno actuó —como ya es costumbre— al margen de la ley y pretendió dejar en disponibilidad, mediante la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, a 300 trabajadores del organismo”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en redes sociales.
Así, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se volvió a expedir en favor de ATE y de Apinta, obligando al Gobierno a dar marcha atrás y a pagar una multa de $10.000.000 diarios si no se rectifica.
Con información de El Territorio.
