La Dra. Laura Molina, titular de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce, brindó precisiones sobre el estado de la investigación penal iniciada tras la denuncia presentada el 28 de noviembre por presuntos hechos de maltrato en la Sociedad de Protección a la Infancia, conocida localmente como el Patronato.
En diálogo con el periodista Alfredo Divito, la fiscal confirmó que la causa avanza con múltiples diligencias ya cumplimentadas y una medida cautelar vigente dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial Mar del Plata. Subrayó que, por la naturaleza del caso, intervienen también el Juzgado de Familia Nº 6 y las asesorías de menores, dado que todos los niños alojados en la institución se encuentran bajo medidas judiciales de abrigo.
El martes pasado se formalizó la imputación de dos personas, quienes fueron citadas a indagatoria para el 17 de diciembre en sede fiscal, en calidad de procesadas. Esto significa que se les atribuyen participación concreta en los hechos investigados, aunque aún no se han definido imputaciones penales definitivas.
Respecto a la difusión de audios en medios y redes sociales, Molina remarcó que la Fiscalía “no tiene ninguna injerencia ni responsabilidad” en esa filtración y que desconoce su origen. Aclaró que sí existen grabaciones incorporadas legalmente al expediente, pero evitó confirmar si coinciden con las que circularon públicamente: “Lo que sucede por fuera de la investigación no puede ser valorado”, señaló.
Ante consultas sobre la posibilidad de que los menores deban declarar, explicó que, de ser necesario, su testimonio se recabaría mediante Cámara Gesell, herramienta obligatoria para entrevistas a víctimas menores. Sin embargo, aún no se ha decidido si se requerirá esta medida.
La fiscal también se refirió a imágenes difundidas en redes que mostrarían objetos hallados en el Hogar. Aclaró que dicha constatación fue realizada de forma privada, sin orden judicial ni intervención fiscal: “Las partes pueden aportar documentación o pruebas, pero no se trató de una diligencia dispuesta por la Fiscalía”. En ese sentido, pidió evitar términos asociados al ámbito carcelario y recordó que se trata de un espacio residencial para niños en situación de extrema vulnerabilidad.
Molina reiteró su cautela al referirse a aspectos personales o familiares de los menores, reafirmando que esa información está protegida por ley. “Debemos ser muy cautelosos: son niños con historias de vida muy complejas, que requieren especial resguardo”, dijo.
En cuanto al cronograma, explicó que, tras la indagatoria del 17 de diciembre, proseguirá la etapa de instrucción con nuevas pruebas dentro de los plazos del Código Procesal. Sobre eventuales penas o detenciones, consideró prematuro especular, ya que aún resta analizar el conjunto probatorio.
Finalmente, la fiscal agradeció el interés de la comunidad, pero reiteró un llamado a manejar la información con responsabilidad: “Estamos frente a una causa en la que lo primero es proteger a los niños, no generar exposición innecesaria”.
En tanto, la titular del Patronato, Alejandra Género, una de las personas imputadas, se desempeñaba además como asesora legal de la Cooperativa de Electricidad, cuyo Consejo de Administración luego de la gravedad de los hechos denunciados, decidió desvincularla y prescindir de sus servicios.
