El proceso judicial por los presuntos maltratos en la Sociedad de Protección a la Infancia de Balcarce, conocido popularmente como "Patronato", se encamina hacia una etapa fundamental con la realización de la Cámara Gesell, prevista para los primeros días de febrero. En esta instancia, los menores víctimas prestarán declaración testimonial, un paso considerado sustancial por la fiscalía y la querella para definir la elevación a juicio de la causa.
Las imputadas, Alejandra Género (abogada, ex presidenta de la institución) y Marisa Benaduche (cuidadora), continúan en libertad bajo medidas cautelares que les prohíben acercarse a menos de 200 metros de las víctimas y de la sede institucional. Ambas se encuentran procesadas por los delitos de maltrato infantil, amenazas y lesiones leves, y se acogieron al derecho de no declarar durante las indagatorias realizadas a fines de diciembre de 2025.
El caso se originó a partir de un audio difundido en diciembre por el medio Infórmese Primero de esta ciudad, que captó supuestos episodios de violencia verbal y psicológica hacia un niño de 11 años, lo que derivó en la renuncia de la anterior comisión directiva. En una asamblea extraordinaria celebrada a fines de ese mes, quedó conformada una nueva conducción encabezada por Horacio Álvarez, bajo la “Lista Esperanza”.
La nueva directiva presentó un pliego de trabajo que prioriza el ordenamiento administrativo, la seguridad edilicia (con cámaras y luminarias) y la profesionalización del trato con los niños, buscando erradicar las prácticas que originaron la causa judicial.
La investigación, a cargo de los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina, continúa recolectando testimonios de trabajadores y ex empleados que sugieren que los maltratos podrían haber sido una práctica recurrente. Mientras tanto, la justicia de Mar del Plata ha desestimado hasta el momento los pedidos de detención efectiva de las imputadas.
La declaración de los menores en Cámara Gesell, bajo protocolos de resguardo, será el factor determinante para que la fiscalía decida si solicita la elevación a juicio o medidas restrictivas de mayor peso. La sociedad balcarceña aguarda el desarrollo de esta instancia clave, mientras la institución intenta dejar atrás el estigma y reconstruir su función bajo una gestión que promete transparencia.
