La Cámara de Diputados aprobó hoy por amplia mayoría el proyecto que permite la educación a distancia de los menores de 18 años cuando exista una emergencia y así lo habiliten el Ministerio de Educación y cada una de las jurisdicciones, como ocurre ahora con las restricciones impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia del coronavirus.
En la sesión sesión especial virtual, conducida por su presidente Sergio Massa, el plenario legislativo aprobó la iniciativa por 248 votos contra dos de la izquierda, y fue girada en revisión al Senado Nacional.
El proyecto amplía el artículo 109 de la ley de Educación para permitir la educación a distancia a menores de 18 años -ya que solo se habilitaba a los adultos y escuelas rurales- cuando existan razones excepcionales que no se pueda realizar el ciclo lectivo en forma presencial.
En ese sentido fija que "excepcionalmente, previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos, será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la educación obligatoria para menores de 18 años".
La normativa determina que para aplicar esta metodología de estudio "deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y de conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad".
La presidenta de la comisión de Educación, Blanca Osuna (Frente de Todos), señaló que se mantiene el artículo 109 de la ley de Educación en el cual se establece que "la educación a distancia está dirigida a mayores de 18 años y escuelas rurales" y solo se habilita a menores en "situaciones excepcionales".
La diputada entrerriana destacó: "Ratificamos la importancia de la institución escolar en el proceso educativo" y denunció que "esta crisis desnuda la inequidad y de injusticia cuanto al acceso a la conectividad, y el Estado es el que deberá ofrecer esta herramienta".
