El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) aseguró hoy en un informe especial elaborado por el gremio que "la decisión del Consejo Federal de Educación (CFE) de aprobar el regreso a clases presenciales según las limitaciones sanitarias, epidemiológicas y distritales obliga a replantear las condiciones materiales y de riesgos laborales".
Un informe titulado "Relevamiento nacional de establecimientos educativos privados" señaló la necesidad de producir "un fuerte trabajo de prevención para preservar la salud y la vida del colectivo laboral", y propuso "transformaciones fundamentales para retornar a las aulas porque, la escuela, debe ser pensada como un todo y como un lugar de trabajo".
El estudio fue elaborado por el Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Cymat) del Sadop, que conduce Jorge Kalinger a nivel nacional, y determinó que más del 40 por ciento de los establecimientos relevados no respeta "las conquistas" obtenidas por el sector sindical.
También indicó que buena parte de los colegios privados "no está en condiciones de recibir alumnos, profesores y personal no docente" y que "un 40 por ciento de esas escuelas no tiene baños adecuados para la cantidad de asistentes y trabajadores y, en un 25 por ciento, no hay agua suficiente para limpieza y funcionamiento de esos lugares, en tanto el aseo anual de tanques de agua no está garantizado en un 35 por ciento".
"En un 44 por ciento de los establecimientos relevados no se realizan los planes de prevención de riesgos con participación de trabajadores y, en un 59 por ciento, no hubo capacitaciones sobre prevención de riesgos laborales. En un 43 por ciento de las escuelas no se garantiza el mantenimiento periódico de iluminación y ventilación. Y un 47 por ciento no tiene un sistema acorde con las actividades y cantidad de personas", afirmó Kalinger.
El dirigente gremial se pronunció por la necesidad de construir "una escuela segura", por lo que el regreso a clases "estará sujeto a los límites y a la prevención sanitarias".
En relación con las actas-acuerdo del 4 de junio y 24 de julio últimos, que determinaron obligaciones y derechos de las partes sobre el trabajo remoto, el informe indicó que el 41 por ciento de las escuelas incumplió "el derecho a la desconexión y un 45 por ciento lo hizo con la premisa de no exceder la jornada laboral previa a la pandemia".
En un 54 por ciento de los colegios el empleador no ofreció recursos de formación y capacitación u otras ayudas para el manejo de las Tic, a pesar de que el acta-acuerdo determinó "el derecho a la formación gratuita en el contexto de la jornada laboral a distancia, y enfatizando esa capacitación para el uso de recursos tecnológicos".
Kalinger concluyó que en un 83 por ciento el patrón no facilitó recursos tecnológicos o material de trabajo, pero los acuerdos previos estipularon que "los empleadores y/o el Estado son responsables de proveer las herramientas laborales".
