El Gobierno bonaerense asistió más de 20 mil situaciones de derechos vulnerados en unos 400 operativos realizados en varias ciudades del distrito, en los que se constató que las mujeres eran las principales afectadas en el 75% de los casos, según reveló un informe dado a conocer hoy por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Los datos surgen principalmente de algo más de 400 operativos itinerantes realizados por la cartera provincial en puntos de la provincia como La Plata, Berisso, Ensenada, Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Moreno, Azul, Quilmes, General Rodríguez, San Vicente, Magdalena, Cañuelas, y San Isidro, entre otros.
También se tomaron los casos denunciados a través de las vías de comunicación como WhatsApp, correo electrónico y 0800; y los Cajus que funcionan en La Plata (Sede Central); Almirante Brown; Azul; Bahía Blanca; Ezeiza; José C. Paz; Lanús; Lomas de Zamora; Mar del Plata; Mercedes; Moreno; Morón; Pergamino; Pilar; Pinamar; Quilmes; San Fernando; San Martín; Tandil; Vicente López y Zárate/Campana.
El informe fue elaborado por la Dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia a Víctimas y por la de Rescate y Acompañamiento de víctimas del delito de trata con fines de explotación infantil, sexual y laboral.
Los datos fueron difundidos hoy durante un encuentro realizado de manera virtual y que encabezó el ministro Julio Alak, junto al subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini.
La directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, Lucía Iañez, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, destacó que el ministerio se propuso "ser la cara del Estado en los barrios y jerarquizar la labor de los trabajadores y trabajadoras del territorio".
Tras resaltar su "orgullo" por el trabajo realizado, Iañez reflexionó: "Quienes elegimos ejercer nuestra profesión en el territorio lo hacemos conscientemente, con mucho amor y dedicación"
Se explicó que, cuando se detecta una situación de vulneración de derechos, se aborda el caso de manera multidisciplinaria, a través de equipos profesionales capacitados en derecho, psicología, trabajo social y articulados con los distintos ministerios y organismos provinciales para un tratamiento integral.
De este total, 16.482 casos fueron tramitados a través los Centros de Acceso a la Justicia (Cajus) destinados a acercar el Estado a la ciudadanía y garantizar el acceso directo de los sectores vulnerables a sus derechos.
Según se precisó, en este dispositivo, el 27% de las consultas estuvo relacionada con la seguridad social; un 22% con el acceso a la documentación de identidad; un 11% con el acceso a la salud; un 7% correspondió a denuncias por violencia de género y un 4 % a denuncias por violencia familiar.
Por otra parte, el Centro de Protección de los derechos de la Víctima (CPV) registró 2.996 consultas y el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata asistió a 522 personas con el objetivo central de que puedan recuperar la autonomía sobre sus vidas.
Del informe se destacan datos como que la mayor cantidad de casos atendidos están vinculados a delitos de abuso sexual infantil, casos vinculados a violencia de género y familiar, asistencias por homicidio, amenazas, lesiones y grooming.
