Ese bloque delictivo, el mismo que endeudó al país y empobrece a sus habitantes al motorizar la inflación, acaba de concluir su farsa de juicio con la condena e inhabilitación a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Tras el fallo, la referente central del Frente de Todos demostró su entereza y valentía cívica, al denunciar el cúmulo de irregularidades del proceso y a los responsables de la maniobra dirigida a invalidarla y a quitarle derechos electorales.
Pese a esas intenciones mafiosas, Cristina fortaleció su envergadura política y ratificó su condición de conductora del movimiento popular al situar el verdadero eje de la discusión: el modelo de desarrollo con inclusión social sólo es posible sin lawfare.
La señal principal grupo mediático del país y sus sirvientes es clara: quienes no acepten las órdenes de ese poder espurio deben desaparecer de la escena pública. Para lo cual ofrecen como variantes la cárcel, el magnicidio y la proscripción.
Los mafiosos imaginan además un nuevo “orden” en las calles, con los díscolos disciplinados a palos, con “gatillo fácil” y violencia institucional. Solo así podrán retomar el plan que en Buenos Aires inició la ex gobernadora María Eugenia Vidal, al aplicar políticas destinadas a que solo unos pocos pudieran acumular riqueza y que derivaron en el cierre de miles de empresas y un drástico aumento del desempleo.
La hoja de ruta mafiosa ya la anticipó Vidal durante su gestión: menos hospitales públicos, menos universidades estatales, más “Gestapo” para liquidar la resistencia gremial, menos industria, menos créditos a PyMEs y menos impuestos para los sectores concentrados.
El Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, junto al del resto del país, supo enfrentar con éxito distintos intentos opresivos a lo largo de la historia. Esta ocasión no será distinta. Defenderá a Cristina de la injusticia y sabrá sostener sus objetivos de mayor equidad y fin de los privilegios, sean estos de grupos económicos, judiciales, mediáticos o de políticos cómplices.
El comunicado lleva la firma de Carlos Grande, presidente del Partido Solidario en la Provincia de Buenos Aires.
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