"La acusada Virgina Laparra es responsable en grado de autora del delito de abuso de autoridad de forma continuada cometido en contra de la administración pública y se le impone la pena de cuatro años de prisión conmutables", anunció la jueza Oly González.
El proceso se inició hace apenas 18 días y todos los testigos fueron policías o funcionarios, además de un controvertido juez que fue investigado por la misma acusada, antes de su detención en febrero pasado.
Como la pena es conmutable, la exfuncionaria puede quedar libre si paga una fianza.
La fiscalía había pedido ocho años de cárcel para Laparra por supuesto "abuso de autoridad", y que se le inhabilite para ejercer como abogada y ocupar cargos públicos, pero defensores de los derechos humanos consideraron que debía ser absuelta porque fue una "presa de conciencia".
Ayer, al hacer su descargo, Laparra declaró entre lágrimas que era víctima de una persecución y atribuyó a “una venganza” los cargos en su contra de parte de sus denunciantes, una organización de derecha conocida por defender a políticos denunciados por corrupción y a militares acusados de crímenes durante el conflicto armado interno.
Aseguró además que la denominada Fundación Contra el Terrorismo siempre se opuso a la lucha contra la corrupción en Guatemala: resistió a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente investigador que operó con aval de la ONU entre 2007 y 2019, y a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), donde ella estuvo seis años.
Antes de ser llevada esposada por los guardias, su madre abrazó a la fiscal, quien era jefa de la FECI en Quetzaltenango, en el oeste de Guatemala, y fue arrestada y separada de sus funciones en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción.
La organización humanitaria Amnistía Internacional considera que Laparra es una "presa de conciencia".
Los únicos testigos que declararon en el juicio fueron dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico (para autenticar su firma) y el exjuez Lesther Castellanos, a quien Laparra denunció en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada, reportó la agencia AFP.
El juicio contra Laparra comenzó el 29 de noviembre en medio de manifestaciones de activistas afuera del tribunal para exigir su liberación.
Estados Unidos afirma que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, emprendió una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente Alejandro Giammattei la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
