El espacio opositor aseguró que "nuestro país atraviesa un proceso de Terrorismo de Estado de baja intensidad" y en ese marco se dieron las detenciones arbitrarias de militantes.
A través de una declaración pública, el Partido Justicialista (PJ) exigió este viernes la “libertad a los militantes políticos detenidos ilegalmente por la jueza Sandra Arroyo Salgado”, haciendo alusión al “Terrorismo de Estado de baja intensidad, impulsado por el gobierno de Javier Milei y el poder económico”.
“Nuestro país atraviesa un proceso de Terrorismo de Estado de baja intensidad, impulsado por el gobierno de Javier Milei y el poder económico, que utilizan a la mafia judicial, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad para desplegar sus dispositivos de represión y persecución política sobre artistas, periodistas, jubilados, militantes y todo aquel que proteste o piense diferente”, enmarcan desde el partido presidido por Cristina Fernández de Kirchner.
Según el escrito, la expresidenta “atraviesa una prisión injusta que es el caso más grave y resonante de esta persecución que denunciamos”, por lo cual y “ante la violación permanente del Estado de Derecho y las garantías constitucionales, todos los argentinos y argentinas que no acepten ese disciplinamiento de violencia y humillación, hoy viven bajo libertad condicional”.
Incluso “hasta el ridículo de terminar con militantes políticas detenidas en una cárcel de máxima seguridad por una contravención municipal”, señalan en alusión a las personas detenidas y procesadas por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
“Los sectores de poder que deciden sobre la libertad de los argentinos son los mismos que garantizan su propia impunidad y la de los funcionarios que ejecutan sus órdenes. Son aquellos que siempre ganan mientras el Pueblo pierde, tal cual lo demuestran los últimos 10 años de nuestra historia”, prosigue el documento.
Según el principal partido de la oposición. “la deuda contraída con el FMI, que alcanza los 60 mil millones de dólares, no sólo no sirvió para mejorar la calidad de vida del 99 por ciento de los argentinos, sino que, además, nadie ha dado cuenta ni ha investigado donde está ese dinero, ni en que se ha gastado. Sin embargo, al Partido Judicial le pareció mucho más grave colgar un pasacalle y poner estiércol en una vereda”.
“Por eso exigimos, ante todo, la liberación de los militantes políticos ilegalmente privados de su libertad y se investiguen penalmente los abusos e irregularidades cometidos por la jueza Arroyo Salgado”, advirtiendo que “es necesario entender que, tiempo más tiempo menos, irán poniendo a otros sujetos o colectivos de nuestra sociedad en el lugar de los acusados y perseguidos”.
También presentaron denuncia contra Arroyo Salgado por “mal desempeño de sus funciones”
Por otro lado, en el texto se hace asevera que “apoyamos la denuncia radicada en el Consejo de la Magistratura de la Nación por los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley”, en alusión a la denuncia que los mencionados formalizaron contra la jueza federal por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
Acusan a Arroyo Salgado de ordenar la “detención arbitraria e incomunicación” de siete personas, cinco de las cuales continúan privadas de libertad, en el marco de una causa iniciada tras la colocación de un pasacalle y bolsas con excremento frente a la casa del diputado nacional José Luis Espert.
Los hechos, según la denuncia presentada, "no pueden configurar más que una infracción municipal", pero la jueza habría desplegado procedimientos que incluyeron "diferentes allanamientos, detenciones e incomunicación" sin una imputación clara.
Entre las detenidas se encuentra Alesia Abaigar, trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza pese a padecer una “enfermedad autoinmune severa”, lo que motivó presentaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del CELS como “amicus curiae”, según consta en la denuncia.
“La jueza fue informada por los abogados de Abaigar que padece una enfermedad autoinmune severa, que afecta su capacidad pulmonar, pero la situación no fue atendida por la magistrada”, afirman Recalde y Siley en el escrito.
Fuente: Minuto Uno
