Desde su descubrimiento y posterior patentamiento por parte de Monsanto en 1971, la molécula de glifosato fue el principio activo del herbicida "Roundup" ®, que se comercializó desde 1974 como un herbicida de amplio espectro y que con velocidad meteórica se convirtió en el de mayor venta hasta el momento. A la misma velocidad, durante los últimos años se fueron sumando dudas y acusaciones alrededor de los efectos colaterales que parecen afectar severamente la salud de la población.
El glifosato es un herbicida no selectivo, lo que significa que tiene efectos sobre la mayor parte de las especies de plantas verdes. Por ello hay que tener cuidado en su uso, protegiendo a las plantas deseables.
Así reza una suerte de prospecto en la página oficial de Monsanto. Allí mismo explica que el principio de funcionamiento es inhibiendo en forma específica una enzima vegetal: "Cuando un herbicida Roundup® se pulveriza sobre las hojas o tallos verdes, el glifosato es absorbido por la planta, y luego circula a través de sus tejidos". Esta fue (y sigue siendo) la base del éxito del producto elegido por los productores de todo el planeta a la hora de controlar que el rinde sea alto y bueno.
A partir de finales de los 80 circularon las primeras denuncias en las que se acusaba al agroquímico de provocar, directa o indirectamente, daños en la salud de los vecinos cercanos a los campos donde se había realizado el tratamiento del suelo con glifosato. Incluso en nuestro país existe un caso puntual de un trabajador rural de la provincia de Entre Ríos, de nombre Fabián Tomasi, quien manipulaba el herbicida abasteciendo las avionetas fumigadoras: actualmente sufre de polineuropatía tóxica severa. La enfermedad lo convirtió en una persona dependiente: no puede ingerir alimentos sólidos y le causó pérdida de masa muscular y dolores en las articulaciones que le limitan la movilidad.
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| Fabián Tomasi junto a su madre, quien debe asistirlo las 24 horas del día |
La gran pregunta, hasta el momento con una única y desoladora respuesta, es por qué no se controlan o auditan las actividades relacionadas a los agroquímicos, sobre todo en este contexto de sospecha respecto de la posibilidad de que los mismos estén provocando, entre otras dolencias, cáncer a la población que queda expuesta al glifosato y sus derivados. Y esa respuesta es la falta de legislación. Por ridículo que parezca, no hay ley ni artículo ni inciso alguno que contemple la posibilidad de contar con un argumento válido, a la hora de analizar jurídicamente, para cuestionar o defender las bondades o estragos que provocase el controversial herbicida.
Para ser más específicos, existen legislaciones en el ámbito de las provincias que en casos de litigios entre grandes productores y damnificados, al no tener la justicia federal un artículo, ley o argumento documentado como válido la jurisprudencia de esa puja queda en el ámbito provincial. El caso más claro respecto de la postura tomada ante la eventual amenaza del glifosato lo es el de la provincia de Misiones, que en noviembre de 2018 a través del Boletín Oficial comunicó la promulgación de la Ley 124 que, aunque según el ambiguo título "prohibe" el uso del glifosato, al leer los artículos al menos se entiende que existe un control sobre su uso. (Artículo original: AQUÍ).
De los dos lados del mostrador
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| Leonardo Sarquós, Ministro de Agroindustria y ¿ex? Gerente de Monsanto Argentina |
Lo que no deja de ser sorprendente, sobre todo por la poca repercusión que tuvo a nivel mediático, fue el caso de fumigación con glifosato impulsado desde el gobierno bonaerense. Por una resolución que entró en vigencia el 1 de enero de 2019, el Ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, tomó la criticada decisión de fumigar las escuelas con glifosato antes del comienzo de clases. Esto se dio en el marco de lo que el gobierno bonaerense bautizó "buenas prácticas ambientales", lo que fue impulsado por las empresas que venden los agrotóxicos y transgénicos: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Incluso conformaron en Argentina la “Red BPA”, integrada por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), el INTA, Casafe (empresas de agrotóxicos), ASA (compañías de transgénicos) y la Sociedad Rural, entre otros. De por sí esta resolución causó revuelo, pero lo que pasó casi inadvertido y que es un verdadero escándalo, es que Sarquís figuró como gerente de Monsanto Argentina hasta poco antes de su asunción en el ministerio, aunque se sospecha que el vínculo con la empresa de los herbicidas jamás cesó.
La fumigación de escuelas se dio en el marco de lo que el gobierno bonaerense bautizó como 'buenas prácticas ambientales', lo que fue impulsado por las empresas que venden los agrotóxicos y transgénicos.
A lo largo de los años, así como en el mundo diferentes gobiernos han ido tomando postura respecto a la amenaza del glifosato, en nuestro país son muchos los municipios y los gobiernos provinciales que luchan tratando de no interferir en las actividades de los privados pero salvaguardando los intereses de la población y sobre todo la salud. Pero hasta tanto no exista a nivel federal una ley que rija los controles tanto para su uso como para la prevención de sus efectos nocivos en el ser humano, esto va a seguir siendo sólo una lucha entre activistas y productores.
